Desde 2015, la Superintendencia Nacional de Educación Superior ( Sunedu ) viene evaluando a las universidades nacionales y privadas del país para garantizar que cumplan con las condiciones básicas de calidad. Aquellas que lo hacen reciben una licencia para seguir funcionando, pero las que no tienen que ser cerradas.
Eso significa que algunos empresarios que han lucrado con la educación por años podrían perder a sus ‘gallinas de los huevos de oro’, como ya viene sucediendo.
La Comisión de Educación del Congreso asegura que ha recibido cuestionamientos de universidades, docentes y alumnos sobre el proceso de licenciamiento que realiza la Sunedu. En base a ello, ha decidido, por segunda vez en un año, pedir facultades especiales al Pleno para investigar a la entidad por dos meses.
La decisión fue tomada el pasado lunes a través de una moción firmada por congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular y Nuevo Perú.
Según el documento, la medida se justifica porque la Sunedu “es percibida como una entidad que toma decisiones con un componente político e ideológico, no cumpliendo con realizar una evaluación imparcial y uniforme”. Tal afirmación solo se basa en “testimoniales recabados”.
Lo que no se ha dicho es que algunos miembros de Educación y congresistas en general mantuvieron o mantienen vínculos con universidades que aún siguen en el proceso para obtener la licencia de Sunedu (ver infografía).(Peru21)
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