Ayer se inició el juicio de investigación preparatoria contra los ex consejeros regionales Elisbán Calsina de Azángaro, Zaida Ortiz de Lampa, Leoncio Coaquira de Huancané, Héctor Mochica de Sandia y Hernán Vilca de Carabaya; quienes fueron denunciados por abuso de autoridad en contra de Eddy Uriarte Chambilla, representante de la provincia de Chucuito – Juli.
En la investigación también están involucrados los ex funcionarios de la anterior gestión Roger Mendoza, Richard Escalante y Víctor Quispe. Uriarte Chambilla, lamentó que el juzgado sólo haya expuesto la acusación por el delito de abuso de autoridad. Ante esta situación, dijo que solicitará una reconsideración puesto que los ex consejeros también habrían incurrido en los delitos de omisión y rehusamiento de actos funcionales y usurpación de funciones.
El representante de la provincia de Chucuito – Juli, espera una sanción ejemplar para las ex autoridades del consejo regional, puesto que se habría vulnerado sus derechos amparados por ley, no sólo como ciudadano, sino también como ex autoridad.
Finalmente, recordó que el caso se tramita en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno. Cabe precisar que la fiscalía viene solicitando pena privativa a la libertad y el pago de una reparación civil en favor del estado de 4 mil soles.
En la investigación también están involucrados los ex funcionarios de la anterior gestión Roger Mendoza, Richard Escalante y Víctor Quispe. Uriarte Chambilla, lamentó que el juzgado sólo haya expuesto la acusación por el delito de abuso de autoridad. Ante esta situación, dijo que solicitará una reconsideración puesto que los ex consejeros también habrían incurrido en los delitos de omisión y rehusamiento de actos funcionales y usurpación de funciones.
El representante de la provincia de Chucuito – Juli, espera una sanción ejemplar para las ex autoridades del consejo regional, puesto que se habría vulnerado sus derechos amparados por ley, no sólo como ciudadano, sino también como ex autoridad.
Finalmente, recordó que el caso se tramita en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno. Cabe precisar que la fiscalía viene solicitando pena privativa a la libertad y el pago de una reparación civil en favor del estado de 4 mil soles.
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