El titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público de Puno, Óscar Aníbal Jiménez Chura, presume que pobladores de Lechemayo, bloquearon la carretera Interoceánica para evitar el traslado de combustible de intermediarios con destino a Mazuco, ceja de selva y selva de Madre de Dios.
En base a una información no oficial, el fiscal sospecha que estos intermediarios a bordo de 40 cisternas de combustible y vehículos informales, habrían sobornado a los pobladores de la zona para continuar con su ruta, hecho que viene siendo corroborado e investigado por la policía del lugar en competencia de sus funciones.
Desde su competencia, sostiene que remitirá la preocupación a autoridades medioambientales competentes, para que reúnan esfuerzos con el propósito de incrementar los operativos en la zona “Se estaría llamando a las autoridades como Osinergmin, Fiscalía de Carabaya, gobiernos locales” dijo.
Ante cualquier actividad ilícita promovida en la zona, afirma que se está coordinando con pobladores y las rondas campesinas para que puedan colaborar con la fiscalización de productos.
De acuerdo al artículo 307 de la ley ordinaria del código penal, interpreta que tras el tráfico ilegal de residuos peligrosos que dañen al medio ambiente, los involucrados son penados de hasta seis años de cadena privativa de libertad, mientras que si se comprueba que es de uso comercial ilegal, la pena máxima es de 3 años.
En base a una información no oficial, el fiscal sospecha que estos intermediarios a bordo de 40 cisternas de combustible y vehículos informales, habrían sobornado a los pobladores de la zona para continuar con su ruta, hecho que viene siendo corroborado e investigado por la policía del lugar en competencia de sus funciones.
Desde su competencia, sostiene que remitirá la preocupación a autoridades medioambientales competentes, para que reúnan esfuerzos con el propósito de incrementar los operativos en la zona “Se estaría llamando a las autoridades como Osinergmin, Fiscalía de Carabaya, gobiernos locales” dijo.
Ante cualquier actividad ilícita promovida en la zona, afirma que se está coordinando con pobladores y las rondas campesinas para que puedan colaborar con la fiscalización de productos.
De acuerdo al artículo 307 de la ley ordinaria del código penal, interpreta que tras el tráfico ilegal de residuos peligrosos que dañen al medio ambiente, los involucrados son penados de hasta seis años de cadena privativa de libertad, mientras que si se comprueba que es de uso comercial ilegal, la pena máxima es de 3 años.
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