Durante la audiencia por el caso Odebrecht , los abogados de los representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet y Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., investigados por su presunta participación en el pago de un millonario soborno para la ejecución del proyecto de la Interoceánica, responden al pedido de prisión preventiva de 18 meses y a los cargos imputados por la Fiscalía.
Están siendo investigados los empresarios José Graña, Hernando Graña, Gonzalo Ferraro (de Graña y Montero), Fernando Camet (de JJC) y Fernando Castillo (de ICCGSA).
El primero en intervenir fue Eduardo Alcocer, abogado de Fernando Camet, quien afirmó que la medida de prisión preventiva es "desproporcionada" y cuestionó las declaraciones de Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht.
"Barata es un aspirante a colaborador, ¿Cómo se puede usar sus declaraciones? ¿Barata dice que Camet se coludió con Toledo? No, esa es una premisa errada"
Al rechazar el argumento fiscal, consideró, además, que decir que su patrocinado puede fugarse porque tiene capacidad económica, "es discriminación".
A su turno, José Caro, abogado de Fernando Castillo, indicó que "los empresarios no pueden ser usados como chivos expiatorios por los problemas entre el Congreso y la Fiscalía".
Manifestó que la Fiscalía tiene que fundamentar su pedido en graves sospechas, pero no lo ha hecho.
Además, desestimó el argumento del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva. "La Fiscalía está discriminando porque basa su pedido de prisión en la capacidad económica de mi patrocinado", insistió.
Los abogados de Fernando Camet y de José Castillo Dibós entregaron en la audiencia los pasaportes de los empresarios para demostrar, dijeron, que no tienen intención de fugarse del país.
Por su parte, John Ruesta, abogado de Gonzalo Ferraro, rechazó la solicitud de prisión preventiva para su defendido y pidió que se aplique otra alternativa, como podría ser la comparecencia restringida.
Informó, en ese contexto, que Ferraro se encuentra delicado de salud y requerirá una intervención quirúrgica, por lo que pidió que se considere esa situación al momento de tomar una decisión.
"En Conirsa no participó mi patrocinado, no tenía poder de decisión en la directiva del consorcio, además, Jorge Barata no lo ha mencionado, no tenía decisión para distribuir patrimonio".
Después expuso, Sophia Icaza, abogada de Hernando Graña, quien anotó que la medida propuesta por el Ministerio Público "es abusiva" y "ha malinterpretado lo dicho por Jorge Barata".
El fiscal Hamilton Castro justificó su pedido, señalando que el arraigo, los bienes y el domicilio conocido de los cinco imputados permiten "a esta clase de personas tener toda la estructura, facilidades y condiciones para eludir la acción de la justicia".
Perú 21.
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