El equipo especial del caso Lava Jato requirió al Poder Judicial prisión preventiva por 18 meses para los representantes de las empresas peruanas socias de Odebrecht, recientemente incorporados a la investigación por el pago de coimas en el Proyecto Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
Actualización 10:45
Durante la audiencia por el caso Odebrecht, el fiscal Hamilton Castro justificó la necesidad de que los investigados José Graña, Hernando Graña, Gonzalo Ferraro (de Graña y Montero), Fernando Camet (de JJC) y Fernando Castillo (de ICCGSA) se encuentren bajo prisión preventiva por 18 meses.
Indicó que el arraigo, los bienes y el domicilio conocido de los imputados permiten "a esta clase de personas tener toda la estructura, facilidades y condiciones para eludir la acción de la justicia".
"Los procesados tienen todas las condiciones de vulnerar el proceso (...) Pueden viajar a donde ellos quieran"
Otro indicador para el peligro de fuga, añadió Castro, es la gravedad de la pena y las imputaciones formuladas por la Fiscalía. También mencionó "la magnitud del daño causado" en la moral del país y en la ejecución de la Interoceánica, tramos 2 y 3.
"(El prófugo empresario) Gustavo Salazar es el mejor ejemplo de que este tipo de personas, de esta capacidad económica, se van del país. Ahora tiene un proceso de extradición, con todas las dificultades que eso implica. Nadie quiere que perturben las investigaciones", argumentó.
Perú 21.
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