Los llamados megaproyectos resultaron ser fuente de megacorrupción. La normatividad de las asociaciones público-privadas (APP) lo ha permitido. El contralor, Edgar Alarón, propone revisar esa legislación.
¿Cómo toma Contraloría la delación de Jorge Barata (Odebrecht) indicando que le dio a Nadine Heredia tres millones de dólares en su departamento de Miraflores?
Contraloría no investiga ese tipo de situaciones. Es un tema que se venía comentando, pero ahora nos enteramos de esto por el colaborador eficaz, Barata. Nos deja la sensación de insatisfacción, de cólera. ¿Qué está pasando en nuestro país? Cada día nos enteramos de más hechos de corrupción.
Una seguidilla que no para.
Sí, nos preocupa hasta cuándo seguirá esto y debemos pensar qué vamos a hacer con el país.
Si bien Contraloría no ve campañas políticas, ¿los tres millones para la campaña de Humala deben tener su peso en la firma del oneroso contrato del Gasoducto?
Se supone que tiene su correlato. Lamentablemente no podemos realizar esa verificación, nosotros vemos decisiones de gestión, contratos. Pero ese dinero debería tener su contraparte en alguna ventaja en el contrato, que fue de US$7,300 millones.
¿Hay justificación para semejante monto?
Recordemos que la obra está paralizada. Si comparamos el anterior contrato con Kuntur, de US$1,600 millones, aparentemente hay sobrecostos y sobredimensionamiento. Pero las condiciones técnicas son diferentes. Llama la atención que se multiplicaran por cinco los costos iniciales. Se auditó el proceso de contratación, todos los gastos previos hasta la firma del contrato del Gasoducto del Sur. Concluimos que hay responsabilidad. Se separó sin sustento al segundo postor. No se consideraron algunos aspectos técnicos, el método de evaluación técnica no era adecuado. La carpeta tiene implicancias de tipo penal. Son cinco observaciones más que están en manos del fiscal, las tiene hace más de un año…
¿Y no pasa nada?
Sabemos que está ampliando la carpeta, pero sigue en proceso. Contraloría implica al Consejo Directivo de Proinversión, donde hay cinco ministros.
El ex presidente Humala también…
No, auditamos a quienes han firmado el contrato, los documentos, autorizaciones.
¿Qué opina Contraloría sobre el Decreto 003-2017, que impide a empresas corruptas las transferencias al exterior?
El decreto deja cabos sueltos, tiene limitaciones. Se están emitiendo decretos de urgencia vinculados a temas de control, pero no nos piden opinión. Le aseguro que tampoco a Fiscalía ni al Poder Judicial. El Decreto 003 no establece un trato igualitario para todos los que formaron el consorcio del Gasoducto.
Barata incrimina a Graña y Montero. Esta sabía de la coima a Toledo. De probarse, se le aplica el Decreto 003.
Tiene la responsabilidad compartida, se le aplicaría el decreto de urgencia, igual que a Odebrecht.
En otros países, el Ejecutivo anula contratos, se embarga a Odebrecht, se allana, aquí aún tiene activos en los megaproyectos.
Contraloría busca la eficiencia de nuestras decisiones. Si tenemos la evidencia de corrupción, de coimas de por lo menos 20 millones para empezar, creo que hemos debido ser mucho más efectivos en tomar las decisiones o, por lo menos, tomar medidas cautelares para asegurar que por lo menos recuperaremos algo.
¿El Perú recuperará poco de la corrupción?
Como van las cosas, creo que avanzamos a paso lento. La recuperación del dinero será limitada para varios casos. Aún se investigan muchas obras de las empresas brasileñas. Creo que el estimado de US$20 millones por corrupción quedará corto. La megacorrupción ocurrida en el país arrojará una cifra más alta de lo que se estima.
¿Cuál es el monto que estima Contraloría desde 2000?
La cifra de la corrupción de las empresas brasileñas fácilmente podría pasar de los US$200 millones.
¿Se podrán recuperar?
¿Cómo?, hay que poner una medida cautelar, asegurar que mediante un proceso pueda recuperarse. No se está haciendo. Hay que congelar cuentas, inmovilizar documentos. En otros países sí ha ocurrido. Odebrecht aún está en Rutas de Lima, Olmos, Chavimochic, donde ha planteado una adenda de US$100 millones. Si no se soluciona, se paraliza. Lamentablemente, la Contraloría no ve previamente las adendas de las APP, es una limitación existente. Hemos presentado una iniciativa legislativa, estamos esperando que el Congreso la apruebe.
¿Cuántas adendas tuvo la Interoceánica Sur?
Con Toledo hubo 12. Con García 6 y hasta el gobierno de Humala suman 25 adendas.
¿Bien psicodélico?
(Ríe). Sí, llama mucho la atención. Por eso, Contraloría pide revisar la normatividad. En las IIRSAS hemos profundizado, porque hay mucha información. Nos alarma. En 2006, el contralor Matute le dijo al presidente Toledo que no firmara el contrato porque el kilómetro estaba sobrevalorado 100% y no se cumplía con el SNIP. Advirtió de los probables procesos judiciales. Para la prisión preventiva de Toledo, el juez y el fiscal recién han tomado como sustento la información de Contraloría. Concluyen que hubo una organización criminal.
¿En 2006 Contraloría pensaba en una organización criminal?
Se alertaba, por los actos preparatorios veíamos que el proceso se orientaba de manera irregular, indebida.
¿Toledo era el dirigente de la organización criminal? ¿Cómo quedan sus ministros como acompañantes de la organización?
Tiene que haber una cabeza, ahora lo sabemos. El fiscal determinará la responsabilidad de los ministros. Si ellos han firmado, autorizado, leyes, contratos, adendas, será valorado en la decisión final del juez.
Fernando Olivera dijo en la época que fue a convencer a Matute. ¿No lo logró?
Él vino en vísperas de Fiestas Patrias de 2005, dijo que estaban paralizando el contrato y trabando la inversión. El contralor dijo que revisaría, pero Contraloría se reafirmó en su posición. A pesar de eso, en enero de 2006 Toledo da una ley que legaliza todas las omisiones. La auditoría de Contraloría evacuaba un informe con responsabilidad penal, pero como la ley “legalizaba” las irregularidades, solo había responsabilidad administrativa, no penal.
¿Esa ley de Toledo la firma el presidente Kuczynski?
Toda ley la firman el presidente y el primer ministro. El fiscal tiene que evaluar la participación del presidente Kuczynski.
¿Cuál fue el presupuesto inicial de la Interoceánica sur?
Es la más dudosa. Inicialmente se presupuestó US$1,161 millones por 2,000 kilómetros. El costo promedio por kilómetro es de US$2 millones. Por eso, muchos decían que el precio era muy bajo. Las adendas y obras adicionales durante la ejecución incrementaron el costo en 2,900 millones. A la fecha, la IIRSA Sur cuesta US$4,141 millones. Pero mes a mes seguimos pagando. Para finalizar la concesión, faltan 14 años. Ahí están Odebrecht, OAS, Camargo, Queiroz, Graña y Montero. Si mantenemos los gastos, serían 521 millones más. El costo final sería 4,670 millones en 14 años.
“O carretera más costosa du mundo”.
Sí. Y se usa poco. Pero, gracias a la famosa ley, no se estableció responsabilidad penal. La Contraloría no se quedó dormida, como dicen. Siempre hemos mandado informes al Poder Judicial, pero su trámite dura de ocho a diez años. Se presta a que se interprete mal su labor. Cuando en un distrito el adicional excede 15%, entra Contraloría, pero si es una asociación público-privada, no pasa por Contraloría.
¿El ex presidente García estaría implicado?
No. Lo que se sanciona es la firma de los contratos, él no los firmó.
¿Cómo se manejará el retiro de Odebrecht del Gasoducto Sur?
El 23 de enero de 2017 era el límite para que consiguiera financiamiento. El concesionario no pudo cumplir. Hay el sustento para resolver el contrato. Han entrado en la etapa de liquidación. Se supone que han invertido hasta hoy US$1,700 millones. La empresa contratada debe liquidar y ver si ese es el monto invertido, cuánto ha gastado.
¿Se le va devolver plata a Odebrecht…?
Al final se le tienen que reconocer los gastos. No hay una norma que lo impida. Es una liquidación.
¿Quién devuelve o reconoce: el Estado o la empresa que asume?
Esa mecánica aún no se ha determinado. No se sabe quién paga. Hay un fideicomiso para gastar en el tiempo. La comisión liquidadora evalúa los aportes del concesionario, cuánto ha cofinanciando el Estado y cuánto hay en el fideicomiso.
¿Es un escándalo esto?
Hay posiciones que piden una medida cautelar sobre ese fondo. Pero no hay ninguna medida tomada.
La UIF congeló una cuenta de Odebrecht y luego el fiscal Hamilton Castro la descongeló. ¿Da que pensar?
Llama la atención. Pero no conocemos en detalle cuál es su estrategia, de pronto le han dado algo a cambio.
¿Lo que vemos es la punta del iceberg?
Así es. Falta mucho más. Contraloría ha realizado muchas auditorías aleatorias a las obras de las empresas brasileñas, estamos viendo cuáles no se han realizado. Nosotros damos el soporte a los fiscales para que sustenten sus investigaciones. Pero en Olmos y Chavimochic, de encontrarse responsabilidades, ya prescribió. Están vigentes Rutas de Lima, Talara, Línea Amarilla, Metro 2, Chinchero.
¿Qué observaciones encontraron en Rutas de Lima?
Aún no lo auditamos, se han realizado controles simultáneos. Se determinaron algunos riesgos en el proyecto de los estudios y temas puntuales del puente Benavides y el peaje. Para cobrar este último, deben terminarse algunas obras, pero se cobró. Como se ha suspendido el peaje, la atención está en cómo va a terminar esta decisión. Es una APP y el concesionario jamás pierde, siempre recupera el sol que pone. Quién le pagará a la empresa, así se suspenda o no el contrato. En las APP si el contratista cobra más de lo que se esperaba, el Estado no puede hacer nada. Las adendas se dan de parte del concesionario cuando el equilibrio económico financiero se rompe, pese a que esté ganando más de lo proyectado. El contrato de Rutas de Lima no pasó por el MEF, era requisito de las APP…
¿Por qué?
Tampoco pasó por Contraloría, que también era requisito. La gestión de la alcaldesa Susana Villarán dijo que no necesitaba pasar por esos controles. Contrató a estudios de abogados que argumentaron que el municipio tenía autonomía.
Genera sospecha, ¿no?
Definitivamente. La construcción de los peajes es antitécnica, congestiona el tráfico. Hemos solicitado a la municipalidad que estamos a la expectativa sobre el acuerdo o la adenda a la que lleguen y que nos la envíen. Está bien que suspendan, pero cuál es la concesión, no se le va a dar más ventajas al concesionario.
¿Y Línea Amarilla?
Estamos más avanzados en los procesos de auditorías. Hay deficiencias y responsabilidad, trabajamos para concretar resultados. Una irregularidad es cómo se actualiza el peaje, también el retraso en la entrega de los terrenos por la gestión de Villarán y que continúan con la de Luis Castañeda. Ese retraso le cuesta al Estado.
¿Hay corrupción en esos dos proyectos municipales?
De acuerdo a los informes e indicios de la auditoría, va a terminar en corrupción.
La Línea 2 del Metro era un vergel de irregularidades…
Se mantienen todos los riesgos que señalamos y ha pasado más tiempo, al final es costo. Ya hay una adenda, la número 2 por US$263 millones. Está en el CIADI, tribunal internacional. Nada ha cambiado desde 2016 y sigue corriendo el plazo. No se entregan terrenos, no habilitamos las zonas de intervención, no levantamos las interferencias. El concesionario no hace que se aprueben los estudios definitivos de ingeniería (EDI). Ambas partes fallan. La Línea 2 del Metro está parada. Priorizaron el tramo 1A…
El tramo Humala…
Ese mismo. Entre el puente Santa Anita y Evitamiento, 4.3 km. Debió entregarse en junio de 2016. A la fecha, de cinco estaciones solo se han trabajado dos. He sugerido que se haga una pausa en el contrato, ambos fallan, porque se incrementan los costos. Falta entregar dos terrenos. No se ha entregado ninguna de las 21 áreas de concesión. De 32 EDI, el concesionario solo ha aprobado 17…
La Línea 2 es solo pérdidas para el Estado…
Tal como está todo, sí. La responsabilidad la tiene el Ministerio de Transportes. Al momento, el retraso es de dos años y medio. El avance es solo 14.18%.
¿Hay corrupción?
Hay retrasos y riesgos, todavía no identificamos corrupción.
Datos:
Edgar Alarcón Tejada tiene 55 años de edad y es funcionario de la Contraloría desde hace 20 años. En 1997 inició como analista técnico financiero en la institución.
Fue vicecontralor general en el periodo 2013-2016, antes de asumir el cargo de contralor general de la República.
Fue gerente general de la Contraloría. Además, se desempeñó como gerente de operaciones, de finanzas y de auditoría.
Estudió Contabilidad en la Universidad San Agustín (Arequipa). Tiene estudios en maestría en Administración y Dirección de Empresas.
En junio de 2016, el Congreso de la República eligió a Alarcón como nuevo contralor en reemplazo de Fuad Khoury.
“No tengo problemas en determinar responsabilidades”, dijo a finales de 2016, tras ser cuestionado por su supuesta cercanía con Fuerza Popular.
Perú 21.
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