Andina: El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, recibió hoy el Manuel de Evidencia Digital, instrumento destinado a orientar a los fiscales en la mejor manera de preservar las evidencias de delitos contenidos en dispositivos digitales y electrónicos.
Dicho instrumento fue elaborado con el apoyo de la iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA ROLI).
La ceremonia de entrega estuvo encabezada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, junto a la subdirectora de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de la Justicia de Estados Unidos (INL), Heidi Gómez; y el representante de ABA ROLI en Perú, Raúl Callirgos.
Según informó el Ministerio Público, las autoridades asistentes a la ceremonia destacaron el uso de esta herramienta en el trabajo diario de los fiscales, pues permitirá a los representantes del Ministerio Público conservar pruebas que muchas veces están dentro de USB, celulares inteligentes, equipos de cómputo portátiles o memorias externas.
“Dichas pruebas se encuentran generalmente en investigaciones relacionadas a casos de lavado de activos, crimen organizado y tráfico ilícito de drogas y demandan un conocimiento básico por parte de los fiscales para que puedan ser utilizadas posteriormente en los procesos penales y evitar que se arruinen”, destacó Sánchez.
Dicho instrumento fue elaborado con el apoyo de la iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA ROLI).
La ceremonia de entrega estuvo encabezada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, junto a la subdirectora de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de la Justicia de Estados Unidos (INL), Heidi Gómez; y el representante de ABA ROLI en Perú, Raúl Callirgos.
Según informó el Ministerio Público, las autoridades asistentes a la ceremonia destacaron el uso de esta herramienta en el trabajo diario de los fiscales, pues permitirá a los representantes del Ministerio Público conservar pruebas que muchas veces están dentro de USB, celulares inteligentes, equipos de cómputo portátiles o memorias externas.
“Dichas pruebas se encuentran generalmente en investigaciones relacionadas a casos de lavado de activos, crimen organizado y tráfico ilícito de drogas y demandan un conocimiento básico por parte de los fiscales para que puedan ser utilizadas posteriormente en los procesos penales y evitar que se arruinen”, destacó Sánchez.
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