Andina. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) planteó eliminar, de manera definitiva, los aportes anónimos a las organizaciones políticas en el país, en los casos de actividades de financiamiento proselitista.
Refirió que ello contribuirá a impedir la posible infiltración de dinero mal habido o de fuentes prohibidas en las cuentas partidarias.
La propuesta fue entregada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de que sea consignada en el Anteproyecto de Código Electoral, cuerpo normativo, coherente y sistemático que contiene toda la legislación electoral, con la finalidad de contribuir con la realización de procesos electorales trasparentes, eficientes y democráticos.
Según la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, los aportes anónimos están prohibidos salvo el caso de actividades de financiamiento proselitista durante una campaña electoral y siempre que no superen el tope máximo anual de 30 Unidades Impositivas Tributarias (S/121, 500).
Para el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, no puede ni debe haber aportaciones anónimas en las finanzas partidarias, a fin de evitar cualquier duda sobre el origen de los fondos.
En este sentido, la autoridad electoral resaltó la reciente recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para reducir o impedir los aportes anónimos a los partidos políticos, en aras de la transparencia de la financiación privada.
Castillo Meza destacó, asimismo, la regulación que precisa medidas respecto a la obligatoriedad de los candidatos de comunicar sus aportes/ingresos y gastos a la Tesorería de su respectiva organización política.
Asimismo, consideró importante aquella que establece la obligación de los medios de comunicación informar a la ONPE los contratos de publicidad política suscritos exclusivamente con el tesorero de la organización política.
Para el jefe de la ONPE también resulta necesario dotar de capacidad coactiva al organismo electoral para la cobranza de sanciones impuestas a las organizaciones políticas y candidatos por las infracciones cometidas en materia de finanzas partidarias.
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