El pasado 24 de abril se cumplió el plazo que tenía el Estado peruano para informar a las Naciones Unidas sobre las recomendaciones respecto a los derechos humanos de los migrantes residentes en el Perú.
Un mes antes, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1350, el cual contiene una nueva legislación de migraciones que atiende varias de esas recomendaciones y agiliza los trámites para los extranjeros residentes en el país.
Entre otras consideraciones, Naciones Unidas recomendó al Estado peruano que vele por que, tanto en la legislación como en la práctica, los migrantes y sus familiares, incluidos los que se encuentran en situación irregular, gocen de los mismos derechos que los nacionales para presentar denuncias y recibir reparaciones adecuadas.
Asimismo, recomendó que el Estado se asegure de que las denuncias de los migrantes sean atendidas de forma eficaz y oportuna.
Sin embargo, como generalmente suele suceder, aunque hay leyes que en la teoría protegen a los migrantes, en la práctica estas no se cumplen o se implementan de manera sesgada.
El parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez aseguró que en el Perú hay cerca de 2,000 mujeres extranjeras que son víctimas de violencia y maltrato familiar pero no pueden denunciar a sus agresores porque corren el riesgo de quedar en situación irregular y ser expulsadas del país.
Es que en el país, pese que se actualizaron y simplificaron las normas, aún se aplica la antigua ley donde la única forma de que las mujeres extranjeras obtengan la residencia por matrimonio es presentando el DNI del cónyuge peruano, una declaración jurada de convivencia y una carta de garantía firmada por la pareja peruana.
“Esos requisitos aún figuran en la página de Migraciones y con las mujeres extranjeras del colectivo nada ha cambiado. ¿Qué pasa si tenemos problemas familiares o si nos separamos?, pues el hombre no quiere ayudar en la renovación de la residencia y las autoridades nos expulsan del país”, expresó la colombiana Inés Agresott, dirigente del Colectivo Madres Migrantes Maltratadas.
Agresott sostuvo que en el referido colectivo hay casos de mujeres mayores de 70 años que son madres y abuelas y han sufrido violencia de parte de peruanos, pero no les entregan la residencia porque no cumplen los requisitos.
“Por ejemplo hay el caso de una mujer que ha sido golpeada y estuvo dos meses en coma. Pese a que ella denunció a su pareja, está en situación irregular porque su cónyuge no quiere darle el divorcio para no repartir una empresa que formaron juntos. Obviamente él no avala su permanencia en el Perú y está tratando por todos los medios que la expulsen del país”, señaló.
Tras considerar una burla y una falta de respeto que se haya dado una política nacional migratoria para apoyo de la familia que en la práctica no se cumple, Agresott pidió a las autoridades que se entregue la residencia a las mujeres extranjeras víctimas de violencia familiar, para que así no se separen de sus hijos.
Mejorar las leyes
El parlamentario andino Mario Zúñiga pidió a las autoridades que revise los casos de estas mujeres maltratadas, pues señaló que, independientemente de la cuestión migratoria, no se está reconociendo los derechos que tienen las migrantes por su condición de mujeres y madres.
En ese sentido, explicó que el Decreto Legislativo 1350 solo se refiere a la necesidad de proteger el interés superior del niño y del adolescente, pero no habla de la mujer.
Señaló que, pese a que el artículo 11 establece que Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores deben poner en conocimiento de la autoridad competente los casos de violencia familiar y sexual contra las personas extranjeras, eso en la práctica eso no se está cumpliendo.
“Nosotros tenemos muchas quejas de mujeres que se han casado con peruanos y dependen de su cónyuge para seguir en el Perú, pero ellos las someten sexualmente y cometen abusos, aprovechando que las mujeres deben renovar cada año su permiso para quedarse en el país. En el Perú hay un marco normativo contra toda forma de violencia a la mujer, pero estas leyes no alcanzan a las extranjeras, no las están protegiendo”, manifestó.
Para atender esa problemática, Zúñiga hizo un llamado al Estado para que incorpore en la legislación peruana el marco normativo del Parlamento Andino que contempla la protección de los derechos de la mujer y su entorno familiar.
Perú 21.
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