Eduardo Vega Luna: “No hay varita mágica para luchar contra la corrupción”

Su labor es ardua y tiene 45 días para proponer medidas eficaces para luchar contra la corrupción. Anuncia que de ninguna manera pedirá una prórroga. El recuerdo más vivo de su labor como defensor del Pueblo es ver al Estado perder casi todos los casos de arbitraje. Coordina con todas las instituciones involucradas en la lucha anticorrupción.

¿Qué balance hace sobre la lucha anticorrupción en estos 100 días de gobierno?
No me toca hacer balances. Eso les corresponde al Ejecutivo y a los distintos sectores políticos. Yo y los integrantes de la Comisión Presidencial de Lucha Anticorrupción hemos aceptado la misión específica de apoyar al Estado peruano en este tema. Creo que debemos mantener distancia del día a día de la política y plantearle al gobierno, al país, una agenda muy puntual para luchar frontalmente contra la corrupción.

Sinceramente, ¿sin el caso Carlos Moreno, SIS, no existiría esta comisión?
Sin duda, ese caso apresuró medidas de este tipo. El Perú no tiene un sistema que pueda detectar los casos ‘Moreno’. Los Morenos existen en la administración pública. Sin los audios, no habríamos conocido el caso. Cuando se recogen testimonios, escuchamos que se sabía lo que hacía Moreno. El gran reto de la comisión que presido es cómo generar mecanismos efectivos que puedan detectar este tipo de casos.

¿Por qué el ciudadano de a pie debe confiar en esta comisión? Se han visto varias…
Hay gran desconfianza y escepticismo en la ciudadanía en general contra cualquier comisión. Somos conscientes de ello. Sienten que es una forma de postergar, de no resolver el problema. Quiero decirle a la ciudadanía que actuaremos con absoluta autonomía e independencia. Diremos aquello que muchas veces no se dice y escucharemos a la población, incidiendo en temas que son importantes para esta. Tendremos audiencias descentralizadas en el norte, centro, oriente y sur del país. Además, esta comisión tiene un tiempo muy corto y el primer acuerdo será no pedir ampliación del plazo. Asimismo, exigiremos que se cumpla lo propuesto, estaremos muy pendientes de ello.

Luego de los 45 días, la comisión desaparece. Como no presionará…
Está la ciudadanía y hay instituciones de la sociedad civil que siguen esto. Será también tarea del gobierno y de las agrupaciones políticas. Propondremos medidas y estableceremos mecanismos para que estas se cumplan.

*El congresista de PPK Salvador Heresi sostiene que la gente no quiere ‘comisionitis’, sino cosas concretas, además de que existe la Comisión Anticorrupción (CAN)… *
Cuando las comisiones no cumplen con su tarea, se produce esta percepción. Acá tenemos un plazo, un mandato…

¿Qué pasa si no se cumple con las medidas, si nada cambia?
No podemos fracasar en la lucha anticorrupción. Si esta se convierte en una comisión más y sus recomendaciones no son atendidas, se corre el riesgo de que el país siga teniendo casos de corrupción y esta siga enquistada en el país. Es una oportunidad. Invoco a toda la clase política a enfrentar a este enemigo. Claro, la responsabilidad la tiene el gobierno. Ese es el mensaje.

¿La Contraloría, la Procuraduría, el Poder Judicial no bastan?
Hay que hacer un esfuerzo para articular mejor el trabajo de estas instituciones. La CAN fue creada por ley, agrupa a todas las instancias. Una de nuestras tareas es ver cómo se fortalece, se rediseña; en fin, habría que verlo. Tendré una conversación con el fiscal de la Nación, que preside la CAN. Trataremos esto ciertamente. Reitero que no venimos a reemplazar a nadie, sino a buscar mecanismos que puedan hacer más eficiente esta lucha. El tiempo es corto, ya hay diagnósticos, queremos que el Estado en conjunto (Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría, Unidad de Inteligencia Financiera, Consejo Nacional de la Magistratura, etc.) actúe como una unidad frente a la corrupción.

¿Cómo coordinarán con las facultades extraordinarias en esta materia?
Puede haber coincidencias, pero nuestro mandato es más amplio. Podemos hacer recomendaciones que van más allá de las facultades delegadas. Además, terminamos antes, el 4 de diciembre. Tendremos medidas de corto y largo plazo, y aún estarán vigentes las facultades. Lo que pueda ser recogido en las facultades será bueno y comunicado. Lo que exceda ese mandato de las facultades tendrá que canalizarse por otras vías.

¿Coordinará con el Congreso?
Hemos abierto las puertas, queremos revisar los proyectos de ley que tiene el Congreso y poder analizarlos rápidamente. Si hay alguna medida que podamos recomendar, lo coordinaremos con ellos. El Congreso tiene la voluntad de sacar adelante medidas que fortalezcan la lucha anticorrupción.

Ud. sostiene que no reemplazarán a nadie, pero pueden chocar con las instituciones existentes, invadir fueros, ¿no?
De hecho, puede haber recomendaciones que signifiquen un cambio radical de la manera como se ha venido actuando en este campo. La importancia de esta comisión es poder decir lo que muchas veces no se dice. Pero no hay ánimo de chocar, sino de contribuir, de fortalecer, de buscar cambios radicales. A la luz de los hechos de corrupción que vemos, se tiene que hacer un mea culpa y ver qué está causándolos. Es una sana e importante crítica. Hay que hacerla y rectificar.

*¿Ejemplo? *
Si en el diseño institucional que tiene el país vemos carencias, deficiencias, mecanismos que se pueden mejorar, sin duda vamos a señalarlos. Ese es el reto, por supuesto respetando la autonomía y convenciendo a instituciones públicas y privadas.

Denos un alcance de los mecanismos que propondrían.
Un mecanismo sencillo y ágil que permita denunciar al ciudadano cualquier hecho de corrupción, que sepa dónde hacerlo y no tenga temor a represalias.

¿Habrá una oficina para ello?
Estamos analizándolo, si se requiere una oficina centralizada, o varias en las instituciones. Otro tema a proponer es el de las compras públicas. Por ahí se está yendo el dinero del país. El mecanismo actual es ineficiente y criticado por todos. Hay mucha tramitología, a veces los concursos son amañados y lo que compra el Estado no siempre es lo mejor, pagándose, a veces, el doble de lo que cuesta el producto. Estamos evaluando la compra única, pero hay que ver los pros y contras.

Ud. ha propuesto garantizar la transparencia. ¿Qué significa eso?
Si una autoridad no entrega la información que solicita un ciudadano, no le pasa nada, no hay sanción. El único mecanismo es el habeas data, demora cerca de tres años. Hay áreas donde hay que transparentar más, como el artículo 1129, que declara que todo lo concerniente al ámbito de la defensa nacional tiene carácter de reservado…

Esto se encuentra hace tres años en el Tribunal Constitucional.
Sí, es bastante tiempo. Debe haber una pronta decisión. Si no, esta comisión propondrá un cambio. Las medias, los alimentos no pueden tener carácter secreto. No hay varita mágica para luchar contra la corrupción. Ayuda tener más controles, menos impunidad, transparencia, preguntarle al ciudadano, sanciones efectivas. Los corruptos hacen su análisis costo-beneficio y saben que las penas son benignas.

Planteó corregir algunas normas concernientes a la ética del funcionario público.
Tenemos que diseñar un perfil que privilegie la ética del funcionario. Se han relajado las normas. Hay que ver normas claras para tener el mecanismo que privilegie la honestidad. También para evitar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses y, finalmente, diferenciar bien lo que es gestión de intereses. Se requiere regulaciones precisas.

¿Modificar la ley de lobbys?
Mejorarla. Hay propuestas. Otra situación a revisar es lo que se conoce como la puerta giratoria, regulando de mejor manera el paso de un funcionario público a la actividad privada.

¿Qué piensa del funcionamiento del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE)?
Estamos estudiándolo, conoceremos los planteamientos de los directivos del OSCE y también del sector privado. Ahí está la atención, tener un mecanismo eficiente de hacer compras pero con control.

¿Contraloría es “una traba potencial” para el Estado, como sostuvo el presidente?
El control, en general, no debe ser visto como un obstáculo, tiene como fin cautelar los bienes de los peruanos. Debe ser ágil y que no signifique mayor tramitología. Más trámites pueden suponer una puerta abierta a la corrupción.

¿Revisará la nueva propuesta del SNIP, anunciada por el gobierno?
Al detalle no, pero daremos elementos sobre las obras públicas. Es fundamental. De mi experiencia anterior, puedo decir que no se puede caer un puente a los cinco años o un hospital como el de Tumbes no puede estar con grietas y ser declarado inhabitable…

O colegios abandonados…
O que no se reciben. El Estado tiene que pedirles garantías suficientes a los privados que hacen obras públicas. Si concesiono una pista, también debe incluir su mantenimiento. A veces se pone menos material del requerido. Se dejaron obras a la mitad, el Estado no vigila el cumplimiento de estas y no tiene los controles para poder reclamar. Se va al arbitraje. Mientras no resuelve, la obra se queda paralizada. Nadie se acuerda de que los niños o los enfermos no podrán usar las instalaciones.

¿Propondrán que la obra continúe mientras dure el arbitraje?
Hay que analizarlo y revisar claramente el tema de las garantías de las empresas.
Sobre este asunto, ¿qué fue lo que más le sorprendió cuando estuvo en la Defensoría?
Que el Estado perdía la mayoría de arbitrajes. ¿Por qué? ¿Es descuido o una conclusión?

¿Qué propondrán para fortalecer el Poder Judicial?
El sistema de justicia en general. Se quiere mandar un mensaje claro para que no haya impunidad frente a los casos de corrupción. Hay que detectar qué dificultades tiene el sistema, por eso conversaremos con ellos. Se han afinado normas, las penas por corrupción son efectivas, pero no se utiliza mucho la colaboración eficaz. ¿Qué está ocurriendo? ¿O hay casos donde no se ha podido avanzar más y se archivan muchas veces? ¿Faltan pericias, recursos?

¿La comisión revisará el financiamiento de los partidos?
Sí, es una fuente de corrupción. Ya lo plantearon los órganos electorales, requerimos una reforma del sistema electoral, el financiamiento es fundamental. La comisión no puede dejar de decir su palabra. Hay propuestas también. Ahora, si no hay voluntad política del más alto nivel, no hay forma de luchar contra la corrupción.

Antes de nombrar a un ministro o a un asesor, debe conocerse su perfil…
Ese es un tema importantísimo. ¿Puede alguien condenado por un delito ser un funcionario del Estado?

¿Puede un viceministro de Agricultura tener un pedido fiscal de nueve años de cárcel, puede otro funcionario de Agricultura tener investigación?
El viceministro renunció, pero para los otros funcionarios cuestionados, creo, primero se debe esclarecer su situación.

Uno de los asesores del Ministerio de Salud, Miguel Celi, trabajó en el SIN de Montesinos; el viceministro de Prestaciones, Carlos Ricse, fue acusado de corrupción de funcionarios; Luis Alberto Fuentes, del SIS, tiene 50 denuncias en el gobierno anterior…
No son buenos antecedentes, hay que exigir un perfil ético. Sería deseable que todo se esclarezca antes de ser nombrados.

Una vez que están adentro sería deseable que salieran…
No es mi función, pero creo que sí, por beneficio del gobierno, permite despejar dudas, situaciones de este tipo.

Perú 21.