Eduardo Vega ha visto madurar a la Defensoría del Pueblo. Lleva 20 años allí, los últimos cinco como defensor encargado. Sabe bien que la naturaleza de este trabajo muchas veces lo ha convertido en un personaje incómodo al poder de turno. Es un costo de la independencia y la autonomía que debe tener esta institución.
Usted ha hecho un llamado a la población para que le exija a su sucesor que defienda sus derechos. ¿Duda de los candidatos?
Lo que hice fue recalcar lo que ha sido la tradición de la Defensoría del Pueblo a lo largo de 20 años. Se han caracterizado por sostenerse en la autonomía y la independencia. A cada uno de los defensores nos ha tocado momentos de tensión con el Ejecutivo en que había que levantar la voz y tener una posición firme. Lo que he hecho es recordarle al Congreso que elijan pensando en una persona autónoma y que tenga una clara vocación de defensa de los derechos fundamentales.
¿La tienen los invitados?
No voy a pronunciarme sobre ninguno, pero creo que es importante salvaguardar la esencia de esta institución, que es la autonomía. Es una de las pocas instituciones que tienen la credibilidad y la legitimidad de la población.
Como esta institución defiende a la población, ¿no cree que los candidatos deben exponer lo que piensan hacer?
Sería lo ideal. Estamos a pocos días, en realidad, pero mi invocación sería que ellos puedan expresar temas básicos de cómo será su labor como Defensor del Pueblo, para que la ciudadanía los conozca.
En ese aspecto, ¿no sería mejor que la elección sea por concurso público?
Las modificaciones a la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo permiten que coexistan la figura del concurso público y la de invitación directa. Pero en cualquiera de esos dos mecanismos, el elemento de fondo sigue siendo el consenso entre las fuerzas políticas y que las personas que intentan asumir esta tarea lo elijan con la mayor transparencia.
Usted ha dicho que el defensor es incómodo al poder...
Sí. Es sintomático que de los 20 años que tiene esta institución, diez haya sido conducida por titulares y otro tanto por interinos. Eso no es casualidad. Pero el tiempo nos ha dado la razón muchas veces. Por ejemplo, en el caso del servicio militar voluntario que impuso la Defensoría, ahora más chicos van y tienen más beneficios, y ya no hay el problema de la falta de reclutas.
La Defensoría fue la primera en denunciar las esterilizaciones forzadas. ¿Qué le parece la opinión fiscal de que no fue una política de Estado?
Hubo hasta tres informes defensoriales y otros complementarios que dieron cuenta de esta situación a partir de análisis de 300 casos. A partir de allí, la Defensoría dijo que había evidencias de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud de las personas que debían ser investigados por el Ministerio Público. Lo que me llama la atención después de casi 20 años es que ninguna víctima haya recibido una indemnización y que no se haya sancionado a ningún responsable de estos hechos. Las víctimas deben ser reparadas independientemente de los procesos penales que a veces toman mucho tiempo.
Un tema polémico es la "píldora del día siguiente", e incluso el Cardenal llamó "respondonas" a las ministras que se pronunciaron a favor. ¿Cuál es su posición al respecto?
La postura institucional es que la anticoncepción oral de emergencia no es abortiva y por lo tanto debe ser distribuida en todos los centros de salud públicos. Hay evidencia médica y jurídica. No hacerlo constituye un acto discriminatorio contra las mujeres de escasos recursos y las que son víctimas de violencia sexual. No me voy a pronunciar sobre los calificativos.
¿Cuáles serán sus últimas acciones antes de entregar el cargo al nuevo defensor?
Uno de los últimos informes que voy a presentar, y espero que sea acogido, es sobre los derechos de la población LGTBI, que sufre un grave problema de discriminación y homofobia. Hacemos recomendaciones al Congreso sobre la necesidad de dar una ley específica sobre la unión civil, otra que contemple la figura de crimen de odio, así como de protección a la población LGTBI. Hay varios temas pendientes, como impulsar la política de derechos humanos con relación al pasado, ayudar en el tema de la conflictividad social, que la consulta previa de los pueblos indígenas sea una realidad. La lista es larga.
LA REPÚBLICA.
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