Legisladores del fujimorismo pretenden tomar el control del Tribunal Constitucional

El fujimorismo y sus aliados han puesto los ojos en el Tribunal Constitucional (TC) como último mecanismo en su desesperado intento por dejar sin efecto la disolución del Parlamento. Con ese fin, a primera hora de ayer, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, le envió un oficio para que reconozcan el nombramiento de su primo, Gonzalo Ortiz de Zevallos.

Lo instó a acatar el artículo 16 del Reglamento Normativo del ente constitucional, según el cual el supuestamente nombrado nuevo magistrado debe asumir su cargo diez días después de publicarse la resolución legislativa de su nombramiento.

Es más, el documento precisa que Ortiz de Zevallos Olaechea “reemplazará al magistrado con mandato vencido cuya colegiatura sea la de menor antigüedad”, que en este caso sería el juez Eloy Espinosa-Saldaña, considerado por Fuerza Popular como opuesto a sus intereses.

Horas más tarde, los aún legisladores del Frente Amplio Marco Arana y Justiniano Apaza también mandaron una carta al presidente del TC advirtiéndole que el pedido de Olaechea es improcedente pues la citada resolución legislativa no ha sido publicada en el diario El Peruano, como especifica el Reglamento.

Es más, aclara que el proceso en el que presuntamente habría sido elegido el nuevo miembro del tribunal no concluyó porque se presentó una reconsideración y una impugnación que nunca se llegaron a resolver, como exige el artículo 58 del Reglamento del Congreso.

Se trata de la solicitud de reconsideración presentada por la exlegisladora de Unidos por la República, Patricia Donayre, y la impugnación de la exparlamentaria del Frente Amplio, María Elena Foronda, por haberse suplantado su voto como si hubiera respaldado la elección de Ortiz de Zevallos.

21 por el control del TC

¿Por qué el fujimorismo, el aprismo y sus aliados están empeñados en hacer valer la presunta elección del primo del presidente de la Comisión Permanente? Sencillamente porque esto cambiaría la correlación de fuerzas que existen actualmente en el TC, y serían mayoría los afines al fujimorismo.

Esta mayoría en el TC, decidiría el hábeas corpus de Keiko Fujimori, y el recientemente presentado por su padre, Alberto Fujimori, para dejar sin efecto la resolución judicial que anula su indulto. Pero, además, deberá pronunciarse sobre la demanda competencial en torno a la disolución del Congreso, anunciada ayer temprano por Olaechea y cuya presentación, junto a la de una medida cautelar, fue aprobada por unanimidad durante la sesión de la Comisión Permanente.

Fueron 21 votos a favor, provenientes de Fuerza Popular Contigo, Cambio 21, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Apra, Acción Republicana y Unidos por la República. Los 21 miembros de la Permanente que se aferran al poder y que pretenden, con la designación de Ortiz de Zevallos, subir de tres a cuatro los miembros del TC que puedan emitir las sentencias en la orientación que ellos deseen.

El oficio enviado por Olaechea al TC deberá ser visto por el pleno de esta entidad, que deberá decidir si lo acoge o no. Por lo pronto, ha convocado a una sesión del pleno del tribunal para el próximo jueves 10 de octubre, curiosamente un día antes que se reúna la Comisión de Venecia, fecha en que se preparará un borrador sobre su opinión en torno al adelanto de elecciones, como anunciaron tras su visita a nuestro país.

Ante esta instancia están acreditados dos magistrados del TC: José Luis Sardón, quien es conocido por su cercanía con el fujimorismo, y Eloy Espinosa-Saldaña, el juez que para Olaechea debe ser reemplazado por su primo.

Invasión de competencia

Para el doctor Espinosa-Saldaña, el planteamiendo del presidente de la Comisión Permanente del disuelto Congreso está incurriendo en una invasión de competencias al pretender señalar cuál de los miembros será remplazado.

En conversación con La República calificó este hecho como un intento de asumir una atribución que siempre ha sido del TC.

“No se trata de aferrarse al cargo, sino de cumplir y hacer cumplir la institucionalidad. Si tiene que reemplazarse un magistrado del TC que no sea por consideraciones externas a lo establecido”, dijo.

Indicó que en ningún momento los congresistas discutieron ni aprobaron qué magistrado sería relevado ni con qué criterios.

La legislación establece claramente que el TC es quien decide qué magistrado se releva cuando no se logre elegir los reemplazos de todos los que tienen el mandato vencido.

“Hay dos casos en la historia del TC en que se ha dado una renovación parcial. En uno, Víctor García Toma decidió renunciar y el pleno apoyó su decisión. Y el segundo caso en que tenían los mandatos vencidos los magistrados César Landa y Juan Vergara, el Pleno decidió que se fuera el de la colegiatura más antigua”, explicó Espinosa-Saldaña.

Acotó que el artículo 19 inciso 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y el artículo 4 de su reglamento, señala que el Pleno del TC debe decidir qué magistrado se va.

Acto nulo

Según la transcripción del Pleno del lunes 30, en que se votó la elección del nuevo magistrado del TC, a la 1:44 de la tarde se levantó la sesión, sin embargo, dos minutos antes Patricia Donayre entregó su pedido de reconsideración de dicho acto. Pero Olaechea lo rechazó.

La exparlamentaria refirió que se debió votar su solicitud antes de que el titular de la Mesa Directiva emita el acta de veredicto del Pleno. Pero no fue así.

Recalcó que el Congreso está disuelto y Olaechea, pese a sus insistencias, solo es presidente de la Comisión Permanente, y por ende no tiene facultades de emitir la resolución legislativa ni remitir el oficio exigiendo al TC la juramentación de Ortiz de Zevallos. Es un acto nulo.

Donayre opinó que por este hecho podría ser denunciado por infracción a la Constitución ante el próximo Legislativo. Y ante el Ministerio Público, se podría denunciar por delito de usurpación al exoficialista.

Por su parte, Edgar Ochoa, de Nuevo Perú, calificó de irracional el pedido de Olaechea porque la elección de Ortiz de Zevallos se dio en un proceso deslegitimado. «Hay un Congreso disuelto y esa demanda ya no debería proceder”, enfatizó.

Ochoa y Donayre coincidieron en que el Parlamento, elegido el 26 de enero del 2020, sería el encargado de solicitar al TC la confirmación de la designación de Ortiz de Zevallos como magistrado. Mientras tanto, su elección express, promovida por Fuerza Popular y sus aliados, debe quedar paralizada.

Seis miembros de cuatro bancadas dejaron la Permanente
Los miembros de la Comisión Permanente, con votos de Fuerza Popular y las bancadas aliadas, aprobaron presentar una demanda competencial ante el TC buscando que esta institución desconozca la disolución del Congreso. También exigieron la renuncia del presidente Vizcarra y que se convoque a elecciones generales.

Así lo expresaron ayer, en una conferencia al mediodía, el presidente de la Permanente, Pedro Olaechea, y los congresistas de FP, como Rosa Bartra.

La República les consultó por qué proponen nuevas elecciones si ellos archivaron el mes pasado la propuesta del gobierno. Bartra alegó en su estilo que esa iniciativa era inconstitucional y la de ellos no.

Minutos antes, Edgar Ochoa, de Nuevo Perú, explicó que una demanda competencial es inviable porque debe ser presentada por el titular del Congreso y esta institución actualmente está disuelta En la tarde sesionó la Permanente con titulares y suplentes. Olaechea y los fujimoristas pusieron énfasis en requerir un pronunciamiento del TC. Con votos de FP, Apra, Acción Republicana, Cambio 21, Contigo, APP y AP aprobaron la disposición.

Cuatro bancadas (Liberal, PpK, Nuevo Perú y Frente Amplio) recordaron que esa medida no es viable y en protesta se retiraron Sobre la renuncia de Mercedes Aráoz, Olaechea sostuvo que su dimisión debe ser aceptada por el Pleno, pese a que esta instancia no funciona.

El relator informó que está en evaluación citar al mandatario para que se defienda de la vacancia. Un legislador de Nuevo Perú dijo que el fujimorismo y sus aliados viven en otro mundo.

Fuente: La República

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