La oposición del jurista Enrique Bernales a la pena de muerte es tan férrea como su demanda para que se aborde el problema de la violencia social con un enfoque integral y no exclusivamente penal.
La pena de muerte vuelve a estar sobre el tapete. ¿Cuál es su posición al respecto?
Cada cierto tiempo reaparece cierta demanda social en favor de la pena de muerte. No debiera extrañarnos, porque es correlativa al crecimiento de la violencia social y la delincuencia, que pone en alerta a la sociedad. Emocionalmente, la sociedad tiende a defenderse apelando a la mayor rigurosidad de las penas, entre ellas la pena de muerte.
Sin embargo, la pena de muerte no es jurídicamente viable.
Quienes cultivamos el Derecho podemos parecer antipáticos cuando razonamos en el sentido de la inutilidad comprobada históricamente de la pena de muerte porque no tiene la fuerza suficiente para hacer que quienes tienen la tendencia a la maldad, al crimen, y muchas veces son psicópatas, puedan eliminar de su conducta esa tendencia.
No tiene efecto disuasivo…
No. Desde antes de Grecia y Roma, estos crímenes que horrorizan a la humanidad no han cesado. El cianuro, la guillotina, la horca, la silla eléctrica… se ha probado una serie de métodos disuasivos que no lo han sido. Hay muchos estados de los Estados Unidos que todavía mantienen la pena de muerte y, sin embargo, conocemos cada cierto tiempo de matanzas horribles que nos llenan de espanto. Antes de entrar a lo estrictamente jurídico, hay que pensar que la mejor defensa para la sociedad es introducir estudios de carácter médico desde los primeros años para determinar factores de salud mental que pudieran corregirse a tiempo. Nadie nace malo, pero sí puede haber factores psicológicos, sociales, económicos, etc., que pueden desviar a la persona hacia el delito. Combatir estos actos no necesariamente tiene como mejor y único instrumento la sanción penal, es algo que compete también a las políticas económicas, sociales y culturales de un país. Crear patrones de conducta destinados a obrar el bien tiene que ser de la mayor importancia y eso tiene que ir acompañado de condiciones sociales.
El Pacto de San José tendría que ser denunciado para hacer posible la hipotética aplicación de la pena de muerte.
Me parece francamente demasiado fácil decir que no podemos aplicar la pena de muerte simplemente porque el Pacto de San José no nos lo permite. ¿Si lo permitiese, sí habría pena de muerte? ¿Y si no fuéramos miembros del pacto, sí la aplicaríamos? Es un planteamiento equivocado limitar esto al campo penal. Por supuesto que hay que aumentar las penas, por supuesto que tiene que haber mayor severidad, pero también es cierto que los establecimientos penales tienen que reeducar y no hacer que quien entra como delincuente primario salga como delincuente avezado.
Quienes abogan por la pena de muerte sostienen que estos delincuentes no son capaces de resocializarse.
¿Son psiquiatras, psicólogos los que dicen eso? Es un problema integral, no podemos desconocer que hay demasiada violencia social, maltrato, y marginación.
Y en eso también hay responsabilidad del Estado.
Y (responsabilidad) social, de la educación, de la salud, de la prensa. Admitamos que todos de alguna manera tenemos responsabilidad en hacer que haya mayor respeto a la persona.
¿Se equivoca el enfoque al hablar de la pena de muerte como una solución al problema?
Para que una persona tenga temor a la pena de muerte debe tener un mínimo de conciencia sobre la responsabilidad de sus actos y, por lo general, el delincuente no la tiene y es un contumaz. Ahí nos estamos equivocando de palmo a palmo.
¿Cuáles serían las consecuencias prácticas de la denuncia del Pacto de San José?
Yo ni siquiera me pongo en ese esquema. ¿Qué quiere? ¿Que seamos como Corea o los países más antihumanos? La humanidad ha progresado demasiado desde los campos de concentración, desde el tratamiento médico para matar a personas con una inyección. No podemos volver a esas épocas, hemos avanzado demasiado en el Derecho –y la Convención de San José es uno de esos grandes avances– para que el Perú diga: ‘No, yo me salgo porque quiero matar, ¿qué le parece?’. Esa no es la solución. Cuando una persona es afectada en sus derechos, cuando se le ha negado justicia y se ha agotado la instancia nacional, tiene derecho a ir a San José; nos pondríamos en una situación de indefensión colectiva.
El ministro Carlos Bruce ha declarado que una muerte es irreparable y él no confía en el Poder Judicial.
Entiendo su preocupación, pero también le diría: ‘¿Y acaso no tenemos la capacidad de reformar la Constitución y el Poder Judicial, de cambiar la composición y criterios por los cuales el Consejo Nacional de la Magistratura hace los nombramientos? O sea, nosotros, sociedad civil, ¿no tenemos culpa de que funcionen mal el Ministerio Público o el Poder Judicial? ¿Quién nombra a los jueces? ¿O se nombran ellos mismos después de una comilona?’ Seamos más lúcidos, es lo que pido por favor.
AUTOFICHA:
* “Soy profesor en la Universidad Católica, en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres y en la universidad de los padres jesuitas Antonio Ruiz de Montoya. Además, cada cierto tiempo dicto clases en el extranjero como profesor invitado”.
* “Fui director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas y senador del Congreso de la República en dos periodos: 1980-85 y 1985-90, además de congresista de 1990 a 1992. También integré la Comisión de la Verdad y Reconciliación”.
* “Estoy 100% a favor de la bicameralidad porque permitiría recuperar la mejor tradición legislativa que ha tenido el Perú. La introducción del sistema unicameral no ha traído ningún beneficio. Las leyes que tenemos no son mejores que las que se dieron en el pasado”.
Perú 21.
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