El decreto que daba immunidad penal a militares y policías en Bolivia quedó derogado este jueves, tras considerar el Gobierno interino que el país logró “la ansiada pacificación”.
La presidenta provisional Jeanine Áñez anunció la derogación del decreto, muy cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos y en el propio país, donde la violencia desde los comicios fallidos del 20 de octubre deja 34 muertos, muchos por disparos durante operativos militares y policiales.
«Hemos decidido abrogar el Decreto Supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la compresión de todos los sectores del país hemos logrado la ansiada pacificación», manifestó Áñez en su discurso, durante un breve acto en Palacio Quemado.
La presidente interina indicó que tuvo que recurrir a los militares por la violencia desatada en las calles de Bolivia, pero que como la situación boliviana viene regularizandose de a pocos, se derogó esta norma.
El artículo 3 del DS 4078 indicaba que efectivos policiales y militares estaban “exentos de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúe en legítima defensa”.
Morales abandonó Bolivia el pasado 11 de noviembre después de anunciar el día antes su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas, tras una auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre “graves irregularidades” en las elecciones del 20 de octubre, en las que fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
La renuncia de Morales ha sido calificada como «golpe de Estado» por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos. Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
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