No hay marcha atrás. El presidente Martín Vizcarra anunció anoche que disolverá el Congreso si este poder del Estado decide continuar con la actual elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, proceso al que calificó de “poco transparente y apresurado”. Ello se debe a que, como adelantó Perú21, el Ejecutivo interpretará que se negó la cuestión de confianza de seguir con esta selección.
“Sí, así lo tomaría porque esta cuestión de confianza ya ha sido anunciada por el presidente y hay un documento que ha ingresado el día viernes al Congreso”, señaló Vizcarra en el programa Cuarto poder.
“Sí (declararía disuelto el Congreso), en aplicación estricta de la Constitución. Rechazar ello sería un tema de interpretación jurídica que harían algunos congresistas, pero nosotros actuaríamos según la Constitución”, precisó.
“Si se toma la decisión de elegir a los miembros del TC que fueron seleccionados en media hora y sin pasar por el escrutinio público, esto no es ‘le gané la partida al Gobierno’. Esto es ‘ratifico mi posición de impunidad ante el país’ y eso no lo podemos permitir”, agregó el jefe de Estado.
Vizcarra hace referencia al artículo 134 de la Carta Magna: “El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.
El mandatario subrayó que está dispuesto a llegar “hasta las últimas consecuencias” con tal de defender los cambios que plantea para el proceso de elección de magistrados al TC.
“La prisa en el TC es para librarse (de las investigaciones), para que después de que se identifiquen los codinomes tener un TC con una composición que les dé cierta tranquilidad”, anotó.
En un escenario de disolución, el presidente aseguró que asumirá las consecuencias, como una declaración de vacancia o una denuncia penal.
“Estamos dispuestos y con toda firmeza de ir hasta las últimas consecuencias en beneficio del Perú. Para nosotros no es un tema de supervivencia del Gobierno. Si legalmente (los congresistas) tienen los 87 votos, que hagan la vacancia”, indicó.
Además, Vizcarra sostuvo que la renuncia a su cargo no está en discusión. “No renunciaré. No dejaré que la corrupción me pase por encima sin luchar. Si al final a través de la fuerza o de los 87 votos me vacan, hasta ese día estaré”, remarcó.
El jefe de Estado señaló también que el adelanto de elecciones no es un tema cerrado y que el Gobierno insistirá en ello luego de este tema del Tribunal Constitucional.
VICEPRESIDENCIA
También confirmó que el último lunes conversó con la vicepresidenta Mercedes Araoz y le consultó si dará un paso al costado si él renuncia o si el Parlamento optara por vacarlo. “Ella me dijo que continuaría. Si por cualquier motivo yo dejara de ser presidente, ella continuaría”, dijo Vizcarra.
En respuesta, la también congresista retrucó que las palabras del mandatario eran inexactas. “Su renuncia me obligaría a asumir el cargo que ocupa, como lo hizo él con el presidente PPK, y como manda la Constitución. (Pero) si hubiera una vacancia sin motivo sustentado, no apoyaría esa moción”, escribió en Twitter.
REUNIÓN FINAL
Ayer, en un nuevo Consejo de Ministros, aún se afinaban detalles del planteamiento legal que buscará presentar hoy el premier en el Pleno del Congreso, que se iniciará a las 10 a.m.
Una de las conclusiones de la cita es que todo el gabinete ministerial en pleno estará mañana a las 8:30 a.m. en el Congreso para esperar que el Parlamento le permita a Salvador del Solar presentar la cuestión de confianza.
La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, confirmó a Perú21 que el proyecto del Ejecutivo exige la “postergación inmediata” de la elección de los magistrados del TC hasta que se modifiquen las reglas del proceso.
“La elección del TC debe ser postergada de inmediato hasta que se cumpla con las normas y los valores mínimos de transparencia, no solo de legalidad, sino de legitimidad”, puntualizó Montenegro.
En tanto, la Policía de Seguridad del Estado dispuso anoche extremar las medidas de seguridad en el Congreso. Un día de alerta máxima.
BARTRA: “NO PUEDE INTERFERIR”
Tras el anuncio del presidente Martín Vizcarra de que cerraría el Congreso en caso se rechace la cuestión de confianza y se continúe con la elección de los seis magistrados del TC, distintas bancadas opositoras a esta iniciativa expresaron su molestia y rechazo.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (FP), exigió al presidente “que respete la ley y la Constitución”. “Hay un proceso en trámite. Nadie que se respete, y el presidente espero que se respete, puede interferir en un proceso en trámite. Sería inconstitucional e ilegal”, aseveró en Punto final. Asimismo, Bartra advirtió que “aquellos que infrinjan la Constitución e infrinjan la ley, tendrán un camino penal”.
Otros fujimoristas, entre ellos Luz Salgado, Carlos Tubino, Héctor Becerril y Lourdes Alcorta, también rechazaron el anuncio de Vizcarra.
Por otro lado, Salvador Heresi (Contigo), segundo vicepresidente del Congreso y exministro de Vizcarra, aseveró por Twitter que el mandatario “está anunciando un golpe de Estado. La cuestión de confianza la aprueba o la rechaza el Congreso (…). Suponerla negada es un acto unilateral. Pasaría a la historia como un dictador”.
Marisol Espinoza (APP) dirigió sus críticas al ministro de Justicia, Vicente Zeballos. “Desconoce el procedimiento parlamentario. Solo cabe sí, no o abstención. En este mecanismo no hay interpretaciones”, acotó.
La cuestión de confianza siempre tiene que ver con una iniciativa ministerial, una política del gobierno, pero la elección de los magistrados no es iniciativa del Ejecutivo, sino es una competencia exclusiva del Congreso. Entonces, el premier Del Solar, para evitar ese cuestionamiento, tendría que presentar un proyecto de ley a primera hora para poder vincular su cuestión de confianza al proyecto.
Al amparo del artículo 129 de la Constitución, el Parlamento también está obligado a permitir que el premier participe en el debate, si él lo decide. Es decir, puede tomar la palabra y, de acuerdo al reglamento, propone su cuestión de confianza oralmente. Si se plantea así y los congresistas consideran que no procede, la respuesta es que ha sido rechazada y de esa manera habilitaría al Ejecutivo a poder disolver el Parlamento.
El Gobierno, además, podría interpretar que se le rechaza la confianza si el Congreso se niega a darle trámite a la sustentación de la medida solicitada, pero sería muy riesgoso, porque las cuestiones de confianza no se plantean por escrito.
Fuente: Perú21
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