Cuando se destapó el caso de reglaje a políticos y periodistas por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI ), en enero de 2015, el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala sufrió tal crisis de confianza que solo pudo encontrar cierto reposo dos meses después, tras la censura de su premier Ana Jara.
Aquella vez, la revista Correo Semanal publicó videos y reportes de la DINI que demostraban el seguimiento —tanto digital como físicamente— no solo a opositores, sino a legisladores oficialistas y hasta a la misma vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza.
En agosto de ese año, la Segunda Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar a 29 agentes de la referida dirección y de la Policía Nacional involucrados en el caso.
El ahora legislador aprista Jorge del Castillo fue uno de los casi 50 agraviados y de los más acérrimos denunciantes. Su caso fue el primero que se conoció.
Pero dos años después, ese proceso ha quedado en nada. Para la fiscal Rosmery Villavicencio Heredia, no hay elementos para seguir con la investigación. Según la resolución con la que declara su archivamiento, y a la que accedió Perú21, “no existen elementos de convicción suficientes que permitan vincular” a los imputados con la denuncia.(Peru21)
Aquella vez, la revista Correo Semanal publicó videos y reportes de la DINI que demostraban el seguimiento —tanto digital como físicamente— no solo a opositores, sino a legisladores oficialistas y hasta a la misma vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza.
En agosto de ese año, la Segunda Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar a 29 agentes de la referida dirección y de la Policía Nacional involucrados en el caso.
El ahora legislador aprista Jorge del Castillo fue uno de los casi 50 agraviados y de los más acérrimos denunciantes. Su caso fue el primero que se conoció.
Pero dos años después, ese proceso ha quedado en nada. Para la fiscal Rosmery Villavicencio Heredia, no hay elementos para seguir con la investigación. Según la resolución con la que declara su archivamiento, y a la que accedió Perú21, “no existen elementos de convicción suficientes que permitan vincular” a los imputados con la denuncia.(Peru21)
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