El abogado Tirso Vargas dio a conocer su punto de vista respecto al proyecto que pretende sancionar a los funcionarios corruptos con la denominada muerte civil y dijo que los resultados de esta intensión legislativa será como varios otros que no han sido positivos.
Con la premisa de que para sancionar a los corruptos hay que identificar a los corruptores, afirmó de que es necesario investigar las acciones que realizan muchas empresas privadas, quienes participan de licitaciones públicas.
“No se descarta que la Sociedad Nacional de Industrias y otras grandes empresas han sido favorecidos con licitaciones” dijo.
Dijo que varias personas, que representan legalmente a empresas que acceden a licitaciones públicas, y que hayan cometido actos de corrupción, se vuelven a reciclar a través de otras empresas, para seguir participando de la corrupción.
Por tanto, sugirió a los congresistas diseñar e investigar mecanismos para identificar a los corruptos y corruptores, quienes se han institucionalizado en el aparato estatal. Se ha institucionalizado la corrupción, y estas se identifican porque hay un sistema que burocratiza la administración pública y se aprueban normas que autoriza la intervención de los corruptos, dijo.
Además sustenta que la muerte civil podría tener indicios de inconstitucionalidad, porque el ajusticiado sería limitado como sujeto de derecho al crédito.
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