
Quiere dejar un Poder Judicial saneado, libre de corrupción. Para ello, nombrará un nuevo comité de ética integrado por ex jueces intachables. Considera que sus proyectos de reforma judicial son mejores que los del Ejecutivo.
¿Cuántos vocales supremos están vinculados a los audios que hemos conocido?
La Sala Plena ha llevado a tres a nuestro Comité de Ética: Martín Hurtado, César San Martín y Ángel Romero. Otros jueces supremos que figuran en los audios son Duberlí Rodríguez, Javier Arévalo Vela y Héctor Lama More. Solo hay dos denuncias constitucionales: Duberlí Rodríguez y César Hinostroza.
¿Cuántos jueces superiores y de primera instancia están involucrados?
Incluidos los del Callao, son más de 13 vocales superiores y un juez de primera instancia, que llamó a César Hinostroza.
El Comité de Ética para los supremos no funciona.
En los últimos tres años, ningún supremo ingresó al Comité de Ética. Pero lo fortaleceremos y renovaremos también el Consejo Ejecutivo; este faltó a la confidencialidad y reserva, y no se puede sancionar. Estamos cambiando esto.
¿Qué cargos se formularon contra los supremos vinculados a los audios en el Comité de Ética?
Los integrantes del Comité de Ética renunciaron. Para mayor transparencia, estamos reformulando la reglamentación. La próxima semana conocerán al nuevo Comité de Ética. Serán cinco ex magistrados en retiro que dejaron en el PJ una estela de lo que debe ser un juez. No ejercen la abogacía.
¿Quiénes son?
Está Víctor Mansilla Novela; Carlos Montoya Anguerry; Marion La Rosa, que presidiría. Hago la salvedad que el martes próximo yo los presento a la Sala Plena y esta aprueba la designación. Se está evaluando la situación de los dos restantes.
¿Funcionará el otorongo?
En el PJ no hay eso, por lo menos en mi gestión.
Ud. dijo que el caso de César San Martín (CSM) era falta y no tráfico de influencias
El día que apareció el audio, CSM vino a mi despacho y me comentó sobre las circunstancias en las que llamó a Walter Ríos. Está sometido a Ética, como los otros vocales por incumplimiento de sus deberes funcionales. Pero no es igual que Hinostroza, a quien le he visto otras cosas y nunca reconoció haber hecho algo malo. Si CSM tiene otras responsabilidades, tendrá que afrontarlas. Ética sancionará de acuerdo a su código, suspendiendo y multando. Tráfico de influencias es un cargo delictivo. Ética no lo ve.
¿Debería dar un paso al costado?
No podemos separarlo, eso está en el Congreso.
¿Cómo explica que haya tanto pariente de magistrados en el JNE?
Ha sorprendido a muchos. Será el JNE quien vea si se incumplieron normas
¿No irá al Comité de Ética?
De momento no se ha planteado. La Sala Plena solicitó explicaciones, estuvo nuestra jefa de Control Interno. Algunos manifiestan que ganaron concursos. Los cuestionamientos los verá el JNE, también Contraloría. El tema es que el presidente del JNE es de la Suprema.
¿Cuánto dura la emergencia en el PJ?
Noventa días prorrogables. Es un proceso de largo aliento.
¿Lo que hemos conocido indica que en el Poder Judicial corre plata como cancha?
En realidad, hemos sido penetrados de manera importante por la corrupción. Esta adquirió varias formas. Por eso, estamos visitando 14 zonas judiciales del país con apoyo de Contraloría y la OCMA. Tenemos señales de situaciones anómalas. Tal vez no en la misma dimensión, pero sí es importante evaluar. Hay infiltración, se copta a magistrados para que actúen a favor de la criminalidad organizada. Las organizaciones criminales buscan un soporte social. El PJ está penetrado por el narcotráfico, minería ilegal, tala forestal, pornografía infantil, trata de personas, lavado de activos.
¿Cuál es la corte más comprometida?
Hay casos graves, sobre todo en el Santa. Preliminarmente observamos manejos irregulares del expediente, omisión de trámites. También tenemos denuncias de la población sobre sus jueces. El miércoles presentaremos la evaluación. Hay absoluciones que no tienen un sustento. No se toman en cuenta medios de prueba o existe un tratamiento benigno frente a sucesos graves. Para nosotros, son señales de alerta. Vemos salas con alto número de absoluciones para delitos graves como tráfico de drogas, corrupción de funcionarios, terrorismo, lavado. Por eso hemos ido con todos los instrumentos. En algunos distritos judiciales encontramos que en el sistema informático todo está borrado.
¿Dónde?
En el Callao y en Lima Sur. Por eso, ahora vamos con técnicos informáticos para recuperar la información.
¿Qué pasó en la Suprema? ¿Estaba en otro mundo?
Esa es una gran pregunta, también una crítica muy certera y una autocrítica. Nuestro control interno es muy tradicional, se basa en denuncias. Quien se siente afectado va a la OCMA o a la Odecma. Si llega a la Suprema, toma dos a tres años. Es una vulnerabilidad; los hechos pueden quedar en el olvido o en la impunidad. No contamos con procedimientos (nuestra propia Constelación) para realizar un seguimiento de las actividades del magistrado cuestionado, seguir sus movimientos económicos. No es un mecanismo preventivo. En nuestras propuestas de reforma está el fortalecer la instancia de control y darle tecnología. Por eso, nuestro objetivo de reforma judicial
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