El titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Judicial de Puno, Oscar Aníbal Jiménez Chura, informó que las denuncias por los delitos de contaminación ambiental se ha incrementado significativamente en la región de Puno, “de enero a la fecha ya tenemos alrededor de 200 denuncias nuevas, cantidad que es superior hasta en un 35% con relación a las denuncias interpuestas en el año 2016”, explicó.
De la misma forma, dijo que la mayoría de las denuncias provienen de la actividad minera ilegal, de las provincias de Sandia, San Antonio de Putina y la provincia de Carabaya. Cabe recordar que la mayoría de estos casos actualmente están en la etapa de investigación preventiva.
Jiménez Chura, recordó que del total de denuncias (200) recibidas en el presente año, sólo 7 son contra autoridades provinciales y distritales en funciones, quienes habrían incurrido en actividades de minería ilegal, alquiler de maquinarias e incumplimiento de deberes funcionales en el tema ambiental.
También, manifestó que de total de casos en trámite, un 20% fueron archivados, debido a que no se encontraron elementos que ayuden a identificar a las responsables de los presuntos delitos.
El fiscal en materia ambiental, recordó que actualmente hay una carga procesal de 800 casos en promedio, de los cuales alrededor de 15 casos por el delito de la minería ilegal concluyeron con sentencias consentidas y un 10% de los casos por tráfico de fauna y floras silvestre y tráfico de insumos químicos para la minería ilegal. Cabe precisar que estos casos con sentencia provienen de los años 2014.
De la misma forma, dijo que la mayoría de las denuncias provienen de la actividad minera ilegal, de las provincias de Sandia, San Antonio de Putina y la provincia de Carabaya. Cabe recordar que la mayoría de estos casos actualmente están en la etapa de investigación preventiva.
Jiménez Chura, recordó que del total de denuncias (200) recibidas en el presente año, sólo 7 son contra autoridades provinciales y distritales en funciones, quienes habrían incurrido en actividades de minería ilegal, alquiler de maquinarias e incumplimiento de deberes funcionales en el tema ambiental.
También, manifestó que de total de casos en trámite, un 20% fueron archivados, debido a que no se encontraron elementos que ayuden a identificar a las responsables de los presuntos delitos.
El fiscal en materia ambiental, recordó que actualmente hay una carga procesal de 800 casos en promedio, de los cuales alrededor de 15 casos por el delito de la minería ilegal concluyeron con sentencias consentidas y un 10% de los casos por tráfico de fauna y floras silvestre y tráfico de insumos químicos para la minería ilegal. Cabe precisar que estos casos con sentencia provienen de los años 2014.
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