Después de que la congresista Alejandra Aramayo presentó una iniciativa legislativa para desestimar el crimen organizado como agravante del delito ambiental por minería ilegal, justificando que el Estado no ha determinado normativamente la diferencia entre minería ilegal e informal; el ex director Regional de Energía y Minas, César Rodríguez Aguilar, calificó esta acción como “una metida de pata”.
“La congresista no tiene información clara de lo que pasa con la actividad minera ilegal e informal”, dijo. Argumenta que en el año 2012, en el gobierno de Ollanta Humala, se promulgaron varias normas que criminalizan la actividad minera ilegal, incluyéndolos como agravantes el uso de combustible, lavado de activos y provenientes de minería; acciones de los cuales considera de efectivas y oportunas.
A diferencia de la minería ilegal, el ex director apuesta por la formalización de la minería, en espacios considerados geográficamente mineros. “Cómo ayudar al minero que tiene voluntad de legalizarse”, dijo.
Para ello, señala que el Gobierno Regional como instancia descentralizada debe poner mayor fuerza, para hacer prevalecer las normativas que promueven la formalización minera, aunque no duda que varios de estos procedimientos legales han limitado la oportunidad y otros se dejaron de aplicar.
En el caso de la ventanilla única por ejemplo, indica que ha quedado en papeles, “Hay frustración de muchos, ya que no se ha podido trabajar desde la Dirección General de Formalización Minera”, indica.
Asimismo, refiere que los puestos de acompañamiento al minero informal, instalados en Puno, Ananea y Carabaya, en la actualidad se han cerrado. “Faltan políticas de Estado, hay conflictos dentro del propio ministerio” concluyó.
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